¿Cuánto costará adaptarse a la jornada laboral de 37,5 horas semanales?

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es un asunto candente. Y no es para menos, si tenemos en cuenta el importante número de trabajadores y de empresas a los que afectará.

“La medida beneficiará a unos 12 millones de personas asalariadas del sector privado y contribuirá a mejorar la productividad y reducir la cultura del presencialismo en el puesto de trabajo, después de 40 años de que la jornada se fijase en un máximo de 40 horas”, indicaba el Ejecutivo en el comunicado donde presentaba las líneas de actuación del Ministerio de Trabajo para la XV Legislatura, como recogíamos en EMPRENDEDORES.

Fedea aún va más allá, ya que estima que la medida afectará al 67% de los ocupados que trabajan más de 37,5 horas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es decir, más de 14 millones de personas. Asimismo, señala que afectará al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo.

Las empresas, por su parte, tendrán que encontrar la manera de adaptarse a la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales, una medida ante la cual han manifestado claramente su postura.

La CEOE considera que la reforma es como cambiar las normas del juego a mitad del partido. Además, calcula que la nueva jornada laboral equivaldría a regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por empresa y empleado al año, como contábamos hace poco.

Igualmente, Cepyme publicó un comunicado en el que se queja de “la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española”.

Coste de la jornada laboral de 37,5 horas

Todavía no sabemos cuál puede ser el coste económico que tendrá la adaptación a la nueva jornada laboral de 37,5 horas semanales, pero algunos sectores empiezan a hacer sus cálculos.

Por ejemplo, AlianzAS, agrupación que representa a 9 organizaciones del sector de los servicios esenciales intensivos en trabajadores que prestan servicio a las administraciones públicas, indica que la aprobación de esta medida supondría un incremento de costes en torno al 4,25%.

Bajo su paraguas están las asociaciones AEESDAP (Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Pública), AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), AFELIN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales), AMI (Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos), ASADE (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio), ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza), CONACE (Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo), FED (Federación Empresarial de la Dependencia) y Food Service España (Federación Española de Restauración Colectiva).

Se trata de sectores intensivos en trabajadores, que dan empleo a 1,25 millones de personas, por lo que calcula que el impacto económico de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales entre las empresas de servicios esenciales podría alcanzar los 1.270 millones de euros.

Además, remarca que “al efecto económico se suman los problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones contractuales de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse”.

Asimismo, apunta que “sería necesaria una búsqueda de nuevas personas trabajadoras para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, acción tremendamente complicada en ciertos sectores, dada la escasez de personal”.

De este modo, AlianzAS, reclama al Gobierno “un ejercicio de corresponsabilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revisión de los precios de los contratos en vigor ante esta circunstancia, que en ningún caso podría haber sido prevista”.

Además, recalca que “dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con los sindicatos, pues supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firmados en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales”.