Europa está cambiando. Empujada por el nuevo contexto geopolítico, la Unión Europea (UE) empieza, si no a dar marcha atrás en muchas de las leyes dictadas durante los últimos años, sí a simplificar las normas en determinadas materias en busca de impulsar la competitividad.
La voz de los emprendedores europeos siempre ha sido contraria al exceso regulatorio y burocrático de la UE por considerarla un freno a la innovación y al escalado de nuestras empresas. Vista la situación actual, parece que ahora los mandatarios europeos están dispuestos a aparcar su afán regulatorio y empiezan a soltar lastre y capital que nos permitan seguir avanzando.
Si hace unos días hablábamos de una movilización de más de 200.000 millones de euros con la iniciativa InvestAI para progresar en el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial (IA) y la posible revisión legal “para crear un marco regulador de la IA drásticamente simplificado que desbloquee la innovación local y el liderazgo mundial, apoyando los esfuerzos existentes para lanzar una estrategia global de IA para Europa” hoy toca hablar de la sostenibilidad.
La Comisión Europea acaba de aprobar la simplificación de las normas en materia de sostenibilidad e inversiones de la UE de más de 6.000 millones de euros al reducir la carga administrativa.
La conciliación entre la competitividad y la sostenibilidad en Europa
“Simplificación prometida, simplificación realizada”, declaraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al dar a conocer a los medios de comunicación las nuevas medidas adoptadas.
“Presentamos nuestra primera propuesta de simplificación de gran alcance. Las empresas de la UE se beneficiarán de la racionalización de las normas relativas a la presentación de información sobre finanzas sostenibles, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y la taxonomía. Esto facilitará la vida de nuestras empresas, garantizando al mismo tiempo que seguimos avanzando firmemente hacia nuestros objetivos de descarbonización”, en palabras de la presidenta en un intento por conciliar los objetivos climáticos de la UE con la competitividad.
“Estamos creando las condiciones para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, como los objetivos del Pacto Verde Europeo, y desbloqueen todo nuestro potencial económico”, ha continuado.
El primer paquete ‘ómnibus’
Parte de ese esfuerzo por rebajar los requisitos medioambientales a las empresas se recogen en un primer paquete de propuestas legislativas bautizado como ‘ómnibus’ dado que agrupa distintas medidas que afectan a ámbitos diversos. En ellos se abordarán normas solapadas,innecesarias o desproporcionadas que están creando cargas innecesarias para las empresas de la UE.
Con éste, la Comisión trata de recalibrar algunas normas de la UE de manera que favorezcan el crecimiento y permitan alcanzar los objetivos políticos de manera más rentable. “La Comisión -afirman- tiene el claro objetivo de realizar un esfuerzo de simplificación sin precedentes, reduciendo al menos un 25 % las cargas administrativas y al menos un 35 % en el caso de las PYME antes del final del mandato” (2029)
Las propuesta, que supondrá una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la UE, da prioridad a los esfuerzos en este ámbito en consonancia con el informe Draghi la Brújula de la Competitividad y las conclusiones de la convocatoria de datos de la Comisión en 2023.
Lo que incluye el paquete
El paquete incluye modificaciones de diversas directivas en materia de sostenibilidad rebajando, sobre todo a las pymes, las exigencias vigentes. Los cambios atañen a la Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad empresarial (CSRD); la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), el Mecanismo de Ajuste del Carbono (CBAM) y el Reglamento InvestEu. El paquete va acompañado de un proyecto de Acto Delegado sobre Taxonomía para consulta pública.
El objetivo de todos ellos es conciliar la ambición de la UE hacia una transición sostenible con la mejora de la competitividad de las empresas de la UE rebajando al menos un 25% de reducción de las cargas administrativas (al menos un 35 % en el caso de las pymes) hasta el final de este mandato (30 de noviembre de 2029)
Asimismo, con las medidas de simplificación de los requisitos administrativos para socios ejecutivos, intermediarios financieros y beneficiarios finales, especialmente las pymes, se espera generar 350 millones de euros de ahorro de costes.
La Diligencia Debida
La directiva sobre la Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (DSDSE), también conocida como CS3D, consiste en exigir responsabilidad a aquellas organizaciones que infrinjan, entre otros, las buenas prácticas medioambientales obligándolas a identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de sus impactos medioambientales.
El objetivo ahora es ampliar el plazo para que las empresas puedan prepararse para cumplir con los nuevos requisitos mediante el aplazamiento de la aplicación de los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas más grandes en un año (hasta el 26 de julio de 2028), al tiempo que se adelanta la adopción de las directrices en un año (hasta julio de 2026).
La revisión amplía los plazos de cumplimiento y reduce la carga informativa. De esta forma, las empresas volverán a evaluar los riesgos propios y de sus socios cada cinco años en lugar de anualmente, con evaluaciones ad hoc cuando sea necesario. Se elimina el requisito de romper las relaciones comerciales cuando persistan tales vulneraciones, junto con una herramienta fundamental para prevenir posibles abusos.
Se suprimen, asimismo, las condiciones de responsabilidad civil de la UE, preservando a la vez el derecho de las víctimas a una indemnización íntegra por los daños causados por el incumplimiento, y protegiendo a las empresas contra una indemnización excesiva, en virtud de los regímenes de responsabilidad civil de los Estados miembros.
Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD)
También se va a flexibilizar la directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial cuya misión es aumentar la transparencia de las empresas en materia de impacto medioambiental y social.
El nuevo marco elimina de su ámbito de aplicación al 80% de las empresas, limitando las obligaciones de información a las empresas con más de 1.000 empleados considerando que tienen más probabilidades de tener los mayores impactos sobre las personas y el medio ambiente.
Bruselas también quiere eliminar las normas de información sectoriales y adoptar una norma voluntaria para las PYME, que establece los límites de la cantidad de información que las empresas más pequeñas están legalmente obligadas a revelar.
Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM)
El primer arancel de la UE sobre las emisiones de CO2, el Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono, también conocido como CBAM, se mantendrá prácticamente intacto.
No obstante, eximirá a los pequeños importadores de terceros países de las obligaciones CBAM, en su mayoría pymes y particulares. Esto funciona introduciendo un nuevo umbral anual acumulativo CBAM de 50 toneladas por importador, eliminando así las obligaciones CBAM para aproximadamente 182.000 empresas o el 90% de los importadores, en su mayoría pymes, al tiempo que sigue cubriendo más del 99% de las emisiones en su ámbito de aplicación.
Hasta ahora, el CBAM cubría todas las importaciones de hierro, acero, cemento y fertilizantes superiores a 150 euros pasando ahora a ese límite de masa total de 50 toneladas al año para todas las mercancías. Los valores de CO2 asociados a las mercancías serán más fáciles de cambiar, no habrá que comprar certificados en 2026 y los informes podrán subcontratarse a especialistas en importación de confianza.
La taxonomía de la UE
La Comisión reducirá el alcance de la taxonomía de la UE para alinearla con el umbral establecido en la DSFC, limitando las obligaciones de información a las empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de volumen de negocio, fomentando una transición medioambiental gradual de las actividades a lo largo del tiempo.
Se mantiene la posibilidad de informar voluntariamente para las demás grandes empresas dentro del futuro ámbito de aplicación de la DSCDS esperando que esto suponga un importante ahorro de costes para las empresas más pequeñas, permitiendo al mismo tiempo que las empresas que deseen acceder a una financiación sostenible sigan informando.
Asimismo, se persigue introducir simplificaciones en los criterios más complejos de prevención y control de la contaminación relacionados con el uso y la presencia de sustancias químicas que se aplican horizontalmente a todos los sectores económicos en el marco de la Taxonomía de la UE, como primer paso para revisar y simplificar todos esos criterios.
InvestEU
Se trata del programa estrella de la UE en materia de inversión que va a recibir un importante impulso, con ajustes normativos destinados a desbloquear 50.000 millones de euros adicionales en inversiones públicas y privadas. La mayor capacidad de InvestEU se utilizará principalmente para financiar actividades más innovadoras en apoyo de políticas prioritarias, como la Brújula de Competitividad y el Acuerdo Industrial Limpio.
Bruselas confía en canalizar más dinero hacia proyectos innovadores aprovechando los rendimientos de inversiones anteriores y los fondos no utilizados de instrumentos financieros más antiguos.
La CEOE celebra las propuestas
Pocos días después de la presentación del primer paquete Ómnibus de la Comisión Europea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) remitió una carta a su presidenta, Úrsula von der Leyen, y a los comisarios concernidos, para expresar el apoyo empresarial al ejercicio de simplificación normativa emprendido por la UE.
La carta subraya que la simplificación regulatoria no cuestiona el compromiso de las empresas con los objetivos climáticos y el modelo social europeo: es justamente a través de la simplificación del marco actual y la reducción de cargas como conseguiremos facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos comunes, asegurando que las empresas puedan centrarse mejor en invertir, innovar y avanzar en las transiciones verde y digital, al tiempo que se crean empleos de calidad.
