La morosidad es un gran problema para muchas empresas y autónomos que ven que el plazo pago se dilata y que se acumulan las facturas sin abonar, generando un agujero en su tesorería.
Según el ‘Estudio de la gestión del riesgo de crédito’ de Crédito y Caución e Iberinform, el 57% de las empresas sufre ‘consecuencias significativas’ por el impacto de la morosidad. De hecho, el 10% de las organizaciones consultadas creen que pone en riesgo su continuidad.
No se trata sólo del riesgo de cierre, sino que las empresas indican que el retraso en el pago limita sus inversiones (12% de las encuestadas) y su crecimiento (15%), hace que incurran en más costes financieros (27%) y provoca una pérdida de ingresos (47%). Es decir, toda una cascada de consecuencias que genera un círculo vicioso que perjudica a todo el tejido empresarial.
Además, muchas compañías y autónomos se encuentran casi atados de pies y manos a la hora de reclamar el pago de las facturas pendientes, ya que saben que corren el riesgo de perder un cliente si lo hacen.
Según el ‘Informe europeo de pagos 2023’ de Intrum, del que nos hacíamos eco en EMPRENDEDORES, el 82% de las empresas españolas aseguran haber recibido peticiones de sus clientes para aceptar plazos de pago de facturas más largos de lo que les gustaría, bien sea por parte de una gran empresa o multinacional (67% de las encuestadas), por una pyme (52%) o por una empresa pública (19%). Y este porcentaje va en aumento, puesto que un año antes se situaba en el 76%.
A la mayoría de las organizaciones no les queda más remedio que pasar por el aro. El estudio desvela que el 69% de las empresas reconocen que han tenido que ceder a la presión, aceptando plazos más amplios de los que deseaban. Más la mitad de las empresas (52%) han hecho esta concesión ante grandes empresas, mientras que un 38% transigió frente a la demanda de pymes y un 14% aceptó la petición de una empresa pública.
Además, las compañías están ofreciendo muchísimas facilidades en el recobro de facturas. Sólo el 13% de las empresas inicia acciones de recobro al vencimiento de una factura. Y cuando por fin se deciden a iniciar acciones de recobro, más de la mitad (55%, según Crédito y Caución e Iberinform; 52%, según Intrum) renuncian al cobro de intereses de demora para operaciones comerciales.
Un plazo único de pago 30 días
Según las estimaciones de la Comisión Europea, una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar. Además, una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez que generan los retrasos en el pago de facturas de los clientes.
Consciente de este problema, el pasado mes de septiembre propuso sustituir la actual directiva de lucha contra la morosidad por un nuevo reglamento directamente aplicable y que establecería las mismas disposiciones en toda la Unión Europea.
Crédito y Caución indica que el principal objetivo de esta propuesta es introducir un plazo máximo único de pago de 30 días en toda la UE para las operaciones comerciales B2B o entre empresas y administraciones públicas.
Asimismo, propone eliminar la posibilidad de que el acreedor pueda renunciar a su derecho de reclamar intereses de demora, estableciendo su pago automático hasta que se satisfaga la deuda.
Si se aprueba, tendría importantes repercusiones en nuestro país. De acuerdo con la oleada de otoño del estudio de Crédito y Caución e Iberinform, apenas el 9% de las empresas trabaja ya en sus pagos y en sus cobros dentro de ese plazo de pago de 30 días.
Las empresas ven más los aspectos positivos que los negativos de esta medida, ya que el 63% del tejido productivo cree que cobrar a 30 días a sus clientes mejoraría su liquidez, mientras que sólo un 12% prevé que podría tener problemas para pagar a sus proveedores en ese plazo.
En cualquier caso, hay que destacar que la propuesta de la Comisión Europea no es demasiado conocida. Según el informe, casi 3 de cada 10 empresas españolas (29%) aún no sabe nada de ella.
