Hacer el cálculo exacto del dinero que cuesta a las empresas españolas exceso de regulación es imposible. A los costes económicos se suman otros intangibles como el freno a la innovación, la pérdida de competitividad, la inversión y, en consecuencia, el crecimiento de las empresas.
Solamente en 2024, las Cortes Generales en España aprobaron un total de 25 leyes. El 46% de las mismas tienen su origen en las instituciones europeas, bien sea por la transposición de directivas al ordenamiento jurídico español, bien debido a la adaptación o desarrollo de aspectos de reglamentos europeos.
Obviamente, no todas atañen al ámbito empresarial, pero muchas sí, como la referente el establecimiento de requisitos mínimos de conciliación familiar y la vida profesional; la representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas; la aplicación de un impuesto a multinacionales o el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales (Reglamento DSA).
Este frenesí legislativo -“más de dos leyes al mes”- lo interpretaban el año pasado en el ejecutivo español como prueba de avance contra aquellos “que hablan de la parálisis del Gobierno y de la parálisis de este Congreso”.
Asfixia empresarial
A la capacidad legislativa del Parlamento Europeo y de las Cortes Generales hay que añadir las leyes dictadas por los gobiernos regionales de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un papel limitado a dictar normas solo dentro de las áreas de su competencia así como las ordenanzas y reglamentos locales que pueden emanar de los más de 8.132 municipios españoles.
Se entiende así el incesante lamento de los empresarios españoles para cumplir con el exceso de regulación y burocracia en nuestro país fenómeno al que organismos como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se refieren como “la fatiga regulatoria”.
‘Asfixia empresarial’ es como lo denomina un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana en colaboración con el Aula José Ramón Garcia. El documento destaca que el 40% de los empresarios considera que la presión normativa es un obstáculo de magnitud comparable a la carga impositiva. Asimismo, se estima que la fragmentación del Mercado Único Europeo y la dispersión regulatoria autonómica generan un coste combinado del 7% del PIB, equivalente a 90.000 millones de euros anuales o 4.700 euros por hogar.
Hacia la desregulación
Pero no es solo la hiperregulación. El problema es que se regula mucho y mal atendiendo a fenómenos como la redundancia legislativa, contradicciones, vigencia de normas que con la digitalización han perdido sentido o la complejidad para entender la implementación de una ley mal redactada. Se trata pues de legislar menos y con mejor calidad. En esta dirección se encaminan distintas iniciativas:
‘Régimen 20’ es una propuesta planteada el año pasado por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, con la que se pretende eliminar la disparidad de requisitos administrativos entre comunidades autónomas y entidades locales y, al mismo tiempo, reducir trámites. El primer paso para la creación de un ‘Régimen 20’ será la realización de un diagnóstico común por sectores económicos que permita la identificación de fallos de coordinación entre administraciones o la falta de proporcionalidad en las diferentes normativas. Una vez hecho este análisis se impulsará el desarrollo de soluciones.
‘Simplificación administrativa’ En Abay Analistas llevan años colaborando con la Cámara de Comercio de España y con CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) en lo que llaman ‘simplificación administrativa’ en las empresas identificando trámites administrativos que pueden eliminarse perfectamente. Gracias a este proyecto, en los últimos 12 años la Cámara ha conseguido que se supriman unos 900 trámites.
Foro Regulación Inteligente. Es una iniciativa que impulsa el analista económico Diego Sánchez de la Cruzpara promover el análisis y el estudio de las distintas regulaciones vigentes en España, con el objetivo de impulsar la adopción de reglas más simples, más claras y más favorables al desarrollo de la actividad empresarial.
