Hoy, 26 de julio, se cumplen once años desde que se aprobara la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, popularmente conocida como la ‘Ley de Emprendedores’.
Entonces reinaba todavía Juan Carlos I y presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Tampoco habíamos dejado atrás la crisis que el país arrastraba desde 2008 por lo que se trataba de establecer una serie de iniciativas de apoyo y fomento al emprendimiento y al autoempleo que estimulasen también la contratación y la financiación empresarial.
Algunos consideran que la Ley 11/2013 sentó las bases para otras que han venido después, como la Ley Crea y Crece o la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups. Sin embargo, también hay que decir que algunos de los nuevos emprendedores no saben si quiera de su existencia porque, posiblemente, sea el marco legal lo último que se plantea alguien que quiere arrancar un proyecto, sea esta una actitud acertada o errónea.
Para hablar de la validez actual de Ley de Emprendedores de 2013, algunos de sus efectos y lo que queda por hacer hemos consultado a distintos actores del ecosistema que representan a la parte legal, la de la inversión y la del emprendimiento.
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Expertos legales
Las preguntas planteadas a los expertos legales giran en torno a la eficacia de la Ley de Emprendedores conforme a lo que se proponía en el origen; el sentido que tiene la misma en el contexto actual y aspectos que habría que cambiar para adaptarla a los tiempos.
José Maria Baños: “Resulta imprescindible revisar la ley”
“La Ley surgió con la intención de revitalizar el tejido empresarial español mediante una serie de medidas diseñadas para fomentar la creación de nuevas empresas y apoyar el crecimiento de las existentes. Entre sus objetivos primordiales se encontraban la facilitación del acceso a financiación, la simplificación de trámites administrativos, la implementación de incentivos fiscales y el apoyo a la internacionalización de las pymes. En su momento, la ley fue recibida con optimismo, ya que respondía a la necesidad de reactivar la economía en un período marcado por la crisis financiera global”, recuerda José Maria Baños, socio fundador y CEO de Letslaw, despacho de abogados especializada en tech-law.
Sin embargo, desde su punto de vista, a lo largo de estos años “se han evidenciado ciertas limitaciones en la implementación y efectividad de la ley”. Entre estas señala el mantenimiento de una burocracia todavía excesiva; la dificultad de acceso a la financiación especialmente en las primeras etapas y la escasez de incentivos fiscales “para compensar otros problemas estructurales, como la rigidez del mercado laboral y la volatilidad económica”.
Así la cosas, entiende este experto que, “once años después de su promulgación, resulta imprescindible revisar y actualizar la ley para alinearse con los desafíos y oportunidades actuales”. Entre otros aspectos, cree que “la ley debería incorporar medidas que promuevan la digitalización de las empresas” así como “mejorar el acceso a fondos europeos y capital de riesgo, que pueden ofrecer una base financiera más sólida para las nuevas empresas y proyectos innovadores”.
Francisco de Borja Ortas Luceño: “Dotar a la norma de mayores medidas
Francisco de Borja Ortas Luceño, socio de laboral de RSM considera que la aprobación de la Ley de 2013 “tuvo un enfoque integral para apoyar a los emprendedores, especialmente en las primeras etapas de su actividad, con un objeto claro que era fomentar el autoempleo y dotar de facilidades a aquellos que se lanzaban a buscar fórmulas alternativas al empleo por cuenta ajena, todo ello en un escenario económico incierto y donde los índices de desempleo se alzaban en tasas desconocidas en las últimas décadas”.
Como prueba de los efectos que tuvo dicha iniciativa, se remite a la tasa de actividad emprendedora (TEA) de los últimos años donde el número de empresas activas se incrementó casi un 7% desde el año 2014 al 2018.
Entre las medidas principales que introdujo la ley subraya las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la seguridad social; la simplificación administrativa; medidas en materia de prevención de riesgos laborales así como la implementación del libro de visitas electrónico gestionado por la Inspección de Trabajo. “De igual modo -continúa- la reducción de contingencias y riesgos como la ampliación del plazo para la ejecución de embargos sobre la vivienda habitual de los autónomos, ofrecía una protección adicional, permitiendo una ‘segunda oportunidad’ en casos de dificultades financieras”.
Señalados los beneficios que trajo esta ley, considera, no obstante, que “quizá en un escenario actual marcado por una situación económica, afecta a una inflación por encima del 3%, se hace necesario dotar a la norma de mayores medidas de apoyo al empresario, donde los nuevos autónomos o empresas de nueva creación tengan una menor carga en seguros sociales que agilice, favorezca e incentive la contratación de personal y alivie el peso de trabas administrativas”.
Concluye diciendo que “no deberíamos tener miedo a una revisión de la norma que introduzca nuevos incentivos o incluso que elimine alguna de las restricciones que la propia norma contempla en el acceso a los incentivos en materia de seguridad social”.
Los emprendedores
Las cuestiones planteadas a los emprendedores hacen referencia a su conocimiento de esta ley, si su entrada en vigor supuso un estímulo para emprender, así como su opinión sobre la intervención de la función pública en el ecosistema y aspectos que, aún hoy, echan de menos. Esto es lo que cuentan:
Bosco González: “Existen lagunas que la Ley de Startups podría llenar”
Bosco González, CEO de Bcas, lleva más de 7 años formando parte del ecosistema emprendedor nacional. En este tiempo ha tenido ocasión de observar una serie de cambios entre los que destaca un mayor acceso a la financiación, mayor profesionalización del sector y un aumento en los programas de apoyo y aceleración. En la misma proporción piensa que ha crecido la competencia.
Cuenta que conoció la ley cuando decidió emprender, aunque reconoce que, en su caso, el marco legal no fue un factor inicial determinante en la toma de decisión para emprender. “No obstante, conforme el proyecto fue avanzando y creciendo, la comprensión y el aprovechamiento del marco legal se volvieron fundamentales para optimizar recursos y maximizar beneficios”.
A su juicio, la intervención de las administraciones y los reguladores en el ámbito emprendedor debe ceñirse a “crear un entorno favorable para el emprendimiento y la innovación, proporcionando apoyo en las fases iniciales y asegurando un marco regulatorio justo y claro. Sin embargo, es crucial que esta intervención no sea excesiva ni burocrática, ya que puede asfixiar la agilidad y creatividad que son esenciales para las startups y desgraciadamente en España no es de lo más favorable”.
En cuanto a si suple la Ley de 2013 y la más reciente de Crea y Crece las posibles carencias de la Ley de Startups en las fases de apoyo al crecimiento empresarial, responde Bosco González: “Aunque la Ley de 2013 y la Ley de Crea y Crece ofrecen algunos apoyos, aún existen lagunas que la Ley de Startups podría llenar específicamente en términos de incentivos fiscales y apoyo financiero directo”. Concluye diciendo que “la ley no suple para nada las necesidades”.
Miguel Signes: “El marco legal es algo que he ido descubriendo por el camino”
Miguel Signes, CEO de FlexMyRoom, reconoce que desconocía por completo la ley cuando empezó a emprender. “En mi caso, el marco legal y fiscal es algo que me he ido planteando y he ido descubriendo por el camino. Saber que hay beneficios fiscales y que se incentiva la inversión es genial, pero cuando empiezas a emprender, lo que necesitas es centrarte en validar la idea, encontrar a los primeros clientes, desarrollar producto, etc.”.
Más informado parece estar de la Ley de Startups de la que dice que mejora “muchos aspectos para incentivar la inversión, como los beneficios fiscales, y simplifica procedimientos administrativos tanto para la constitución como para el cierre de startups”.
Aboga, no obstante, por un equilibrio entre el apoyo público y el exceso regulatorio. Y entre las cosas que considera pendientes para reforzar el ecosistema destaca: promover una cultura emprendedora en todos los niveles educativos y en la sociedad en general; simplificar aún más la burocracia con una regulación más flexible en los procesos de creación, gestión y expansión de una empresa; y reducir los costes iniciales “de establecer y operar cualquier negocio que empieza sin tener ningún tipo de ingreso”.
Herminio Fernández: “Es necesario el apoyo estratégico de la Administración”
De todos los emprendedores consultados, Herminio Fernández, CEO de EurocoinPay, es el más veterano de todos. Activo en el ecosistema desde 1975, ha sido testigo directo de los cambios que se han ido sucediendo a lo largo de estos años.
En cuanto a la ley 11/2013, asegura haber adoptado en su momento las medidas necesarias para ajustarse a los requisitos exigidos por la norma para poder beneficiarse de ella en lo que respecta a su aplicación en los servicios digitales.
Considera que “un ecosistema startup próspero requiere del apoyo estratégico de la Administración y los reguladores” útil a la hora de establecer un “marco sólido y seguro que impulse el crecimiento y la innovación en áreas clave como la financiación, la lucha contra la morosidad y la mejora de la intermediación laboral”.
Dicha intervención, no obstante, debería ser en un doble sentido: facilitar el acceso a recursos y reducir las cargas administrativas de manera que el efecto final sea como el de “un catalizador que impulse el ecosistema startup, no como un freno que lo limite”.
En cuanto algunas de las medidas que propone Herminio Hernández para superar estas barreras destacan: Impulsar la creación de fondos de inversión y líneas de crédito específicas para startups y pymes; agilizar y simplificar los procesos administrativos y regulatorios; promover programas de apoyo a la internacionalización o fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación.
Sobre la complementariedad entre La Ley de 2013, la de Crea y Crece y la Ley de Startups dice que las dos primeras “pueden cubrir ciertos aspectos del apoyo al crecimiento empresarial, especialmente en términos de financiación y gestión de pagos a proveedores”. Sin embargo, a su juicio, la Ley de Startups está diseñada específicamente para abordar las necesidades únicas de las startups, como incentivos fiscales y facilidades para atraer talento.
Ana Lozano: “El impulso de emprender no surge solo de un marco regulatorio favorable”
“El espíritu emprendedor se caracteriza por la valentía de convertir una idea en realidad, enfrentando grandes incertidumbres. Este impulso no surge únicamente por la existencia de un marco regulatorio favorable. En mi caso, cuando decidí lanzar Nidus Lab, mi principal motivación fue validar la idea de negocio y confirmar la propuesta de valor”, dice Ana Lozano, CEO de Nidus Lab.
Dentro del ecosistema desde hace dos década, Ana Lozano afirma que tampoco ella “conocía en detalle la Ley de Emprendedores en ese momento, por lo que no fue un factor decisivo”. Sin embargo, reconoce que “un entorno legal favorable es crucial como soporte y catalizador que facilita y acelera el crecimiento de las startups. A medida que el proyecto avanza, es esencial que los emprendedores se familiaricen con las leyes y regulaciones que puedan brindarles apoyo adicional, ya que esto puede ser un factor clave para su éxito”.
Aboga, no obstante, por una actuación sosegada. “En lugar de intervenir directamente, la Administración debería centrarse en crear un marco propicio e incentivar la participación del sector privado en la incubación de ideas y tecnologías disruptivas. Estas son las que tienen el potencial de abordar problemas no atendidos y enfrentar los grandes retos de nuestra sociedad. Un entorno regulatorio favorable puede atraer inversiones, fomentar la innovación y facilitar el crecimiento de nuevas empresas, sin imponer barreras innecesarias que puedan sofocar el espíritu emprendedor”.
Mayor acceso a financiación; reducción de la brecha de género con programas y políticas que apoyen a las mujeres emprendedoras y promuevan la igualdad de género en el ecosistema; y reducir la burocracia serían los tres deseos que encabezarían la carta a los reyes mayos de esta emprendedora.
En cuanto a la complementariedad de la Ley de Emprendedores con la Ley Crea y Crece o la de Startups que la han sucedido declara: “La Ley de 2013 y la Ley Crea y Crece han sido pasos importantes para apoyar a las empresas en sus primeras etapas y en el crecimiento inicial. Sin embargo, la Ley de Startups es necesaria para proporcionar un apoyo más específico y adecuado a las necesidades de las empresas tecnológicas con vocación de crecimiento exponencial”.
Los inversores
A los inversores les preguntamos de qué manera contribuyó esta ley a incentivar la inversión en emprendimiento y medidas de mejora pendientes de introducir es esta área del ecosistema.
Juan Manuel Pérez: “Un catalizador para la creación de startups”
“La Ley fue, sin duda, un catalizador clave para la creación y crecimiento de startups en España en un momento en que el ecosistema era prácticamente inexistente y lo consiguió gracias a reducir barreras financieras y administrativas e incentivar la innovación y la internacionalización y crear un entorno fiscal más favorable para la inversión y el emprendimiento” sostiene Juan Manuel Pérez, socio de Aktion Legal.
A su juicio, la ley de 2013 tuvo un impacto significativo en el ecosistema emprendedor español gracias a medidas como los incentivos fiscales, con deducciones en el IRPF para business angels lo que, desde su punto de vista, “permitió reducir el riesgo para los inversores e incentivó el flujo de capital hacia startups lo que fomentó un entorno más dinámico y atractivo para el emprendimiento”.
En cuanto a la simplificación administrativa valora la posibilidad de crear una empresa en 24 horas e introdujo los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) “que representaron un cierto avance en la reducción de la burocracia”. Los incentivos a las para actividades de I+D+i y la incorporación de los mecanismos de la Segunda Oportunidad, son otros de los aspectos beneficiosos que subraya Juan Manuel Pérez.
No obstante, más de 10 años después de su aprobación, entiende que “la Ley de Emprendedores quizás necesitaría una revisión integral para mantener su relevancia y efectividad y alinearla con los desafíos y oportunidades del entorno actual de forma que España pueda seguir siendo un lugar atractivo para emprendedores e inversores”.
Entre las mejoras que propone en encuentran: una actualización y refuerzo todavía más ambicioso de los incentivos fiscales a la inversión; más apoyo a la Innovación e I+D ofreciendo subvenciones directas y fomentando la colaboración universidad-empresa; mejoras en el acceso a la financiación mediante la creación de fondos de capital riesgo público-privados y facilitar microcréditos y crowdfunding; la reducción de la burocracia digitalizando completamente los trámites y ofrecer asesoramiento continuo o facilitar la internacionalización mediante programas de expansión global y reduciendo costos de exportación.
Asimismo, comparando la ley de 2013 con la de startups de 2022 considera que la segunda “quizás ha demostrado ser más efectiva en la creación de un entorno favorable para los startups gracias a su enfoque específico y a medidas más modernas y adaptadas a las necesidades actuales del ecosistema emprendedor, pero ambas leyes son claramente complementarias y han sido necesarias en cada momento para el desarrollo integral del emprendimiento en España”.
Juan Orbea: Partidario de la desregulación
También Juan Orbea, analista de Swanlaab Venture Factory, considera que la Ley de Startups ha sido más efectiva que la Ley de Apoyo a los Emprendedores de 2013 para fomentar el crecimiento de empresas tecnológicas en España.
“Mientras que la ley de 2013 proporcionó una base sólida al simplificar trámites y ofrecer incentivos fiscales generales, la Ley de Startups introduce beneficios más específicos y atractivos para las startups, como reducciones fiscales o visados especiales para atraer talento internacional para nuevas tecnologías”.
En esta línea opina que “la Ley de Startups está mejor adaptada a las necesidades del ecosistema tecnológico actual, aunque sigo siendo partidario de la desregulación”, recordando el dicho de que ‘Europa regula antes de que sus compañías innoven’.
Pero puestos a regular, observa algunas áreas a las que, desde su punto de vista, vendría bien una actualización. Son estas: acceso a talento internacional con aumentos salariales y simplificación de visados y permisos de trabajo; nuevas formas de financiación que reconozcan fórmulas como el equity crowdfunding o las plataformas de co-inversión en startups que facilitan grupos digitales e internacionales de business angels; incentivos para prácticas de sostenibilidad y economía circular, y una regulación flexible/desregulación para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y la innovación. “Si eso no es posible, mejor suprimir regulación y dar espacio al hacer individual”.
