La crisis generada por la COVID-19 supuso un terremoto para miles de pymes y autónomos que vieron que, de la noche a la mañana, tenían que cerrar sus negocios y encerrarse en casa, quedándose así sin ninguna fuente de ingresos.
La reacción del Gobierno ante tal situación fue bastante rápida, poniendo en marcha las prestaciones extraordinarias de cese de actividad y trabajo por cuenta propia (PECATA), una serie de ayudas desplegadas para paliar los efectos de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Entre ellas, la exoneración de las cotizaciones sociales a abonar por parte del trabajador autónomo.
Estas prestaciones se incluían en el primer Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la COVID-19, del 17 de marzo de 2020. También se contemplaban otras cosas, como la ampliación de los plazos de presentación de cuentas anuales, tal y como contábamos.
Irregularidad y reclamaciones de la PECATA
Fueron muchos los autónomos que se beneficiaron. Según los datos del Tribunal de Cuentas, casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia, el 44% de los afiliados, se beneficiaron de esta prestación extraordinaria en junio de 2020.
La prestación media abonada durante el periodo de vigencia fue de 2.513 euros, mientras que el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales se situó en 1.007 euros.
El gasto neto ascendió, al menos, hasta 3.741 millones de euros, derivados del pago de esta prestación. Y a esta cifra hay que añadir 1.495 millones de euros de las exoneraciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en las cotizaciones sociales.
Además, el 94% de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, posponiéndose la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios a la finalización del estado de alarma.
Y ahí es dónde ha surgido el problema, puesto que se han constatado numerosas incidencias e incumplimientos. “La regulación de la prestación —insuficiente en su origen y con hasta siete modificaciones entre 2020 y 2023—, ha provocado inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios y ha favorecido que surgieran disfunciones e ineficiencias en la gestión”, afirma el Tribunal de Cuentas.
Por ejemplo, se han detectado irregularidades como prestaciones concedidas sin estar dado de alta en la Seguridad Social o sin estar al corriente del pago de las cuotas, a autónomos con actividades no incluidas entre las suspendidas por la COVID-19, duplicidades e incompatibilidades, etc.
Además, la revisión se ha retrasado hasta 2023, con el riesgo de que se agote el plazo de prescripción de cuatro años establecido para las prestaciones indebidamente percibidas.
Por eso, parece que a la Administración le han entrado las prisas, dando a los autónomos un plazo de apenas 10 días para presentar la documentación requerida para justificar la percepción de la PECATA.
“En los últimos meses hemos sido conocedores de que muchos de los autónomos a los que les fue concedida de forma provisional alguna de las prestaciones de cese de actividad están recibiendo requerimientos por parte de las entidades gestoras de sus prestaciones. Dichos requerimientos dan un plazo máximo de 10 días para aportar toda la documentación necesaria para acreditar que han cumplido con los requisitos que la normativa indicaba para cada una de las prestaciones”, señalan en un comunicado conjunto la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
30 días, aplazamiento y fraccionamiento
Estas organizaciones reclaman la ampliación del plazo, que consideran “absolutamente insuficiente”. “La mayor parte de los autónomos que han recibido este requerimiento cuentan con poca capacidad de gestión, personal insuficiente y poco o ningún acceso a los servicios de asesoramiento que les permitan atender lo requerido en el plazo de 10 o 15 días”, explican.
“Nuestra solicitud es la ampliación del plazo para atender a dichos requerimientos, recomendando otorgar 30 días para la aportación de la documentación justificativa del derecho a las prestaciones”, concretan estas asociaciones.
Igualmente, reclaman que se ofrezca a los autónomos la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses de las prestaciones y cuotas indebidamente bonificadas por la PECATA.
De este modo, ATA y UPTA hacen “un llamamiento urgente” al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que resuelva una situación que afecta a más de 150.000 trabajadores autónomos.
