Aunque La Ley de Morosidad establece un plazo máximo de pago de 60 días en las operaciones comerciales, que se reduce a 30 días si quien paga es la administración pública, las empresas y autónomos saben que la realidad es muy distinta.
Y esto supone un importante problema, ya que los pagos atrasados pueden generar un importante agujero en la caja de las empresas, llegando a poner en peligro su viabilidad.
Según el ‘Estudio de la gestión del riesgo de crédito’ de Crédito y Caución e Iberinform, el 56% de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados. Y el 8% de las organizaciones consultadas creen que pone en riesgo su continuidad.
Sin embargo, la gestión de estos pagos atrasados no es sencilla. De hecho, 8 de cada 10 empresas españolas aseguran haber recibido peticiones de sus clientes para aceptar plazos de pago de facturas más largos de lo que les gustaría. Y casi 7 de cada 10 compañías (69%) reconocen haber cedido a la presión, aceptando plazos más amplios de los que deseaban., de acuerdo con el ‘Informe europeo de pagos 2023’ de Intrum, del que nos hacíamos eco en este artículo.
Falta capacidad para gestionar pagos atrasados
Esta presión es uno de los factores que influyen en el retraso de los cobros, pero también hay otros motivos. Por ejemplo, el estudio de Intrum pone de manifiesto que más de la mitad de las empresas españolas (52%) afirman que les gustaría mejorar la forma en que gestiona los pagos atrasados, pero le resulta difícil por no tener los recursos y conocimientos necesarios.
Las compañías nacionales se sitúan así en línea con la media de Europa (51%), donde Alemania sigue siendo el país con más empresas (61%) que indican que querrían mejorar su gestión de cobros, pero que no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios. Por detrás de las organizaciones del país germano se sitúan las de Estonia (58%), Bosnia-Herzegovina y Rumanía (56%). En el lado opuesto se emplazan las entidades serbias (43%), búlgaras (41%) y checas (35%).
En cuanto a las barreras que impiden una mejora en la gestión de dichos pagos atrasados, casi la mitad de las empresas españolas (49%) reconocen que la falta de actualización de sus sistemas financieros y de administración estaría provocando que no sean tan ágiles como deberían en cuestiones como la gestión cobros demorados, tanto suyos como de sus clientes.
Esta cifra es ligeramente superior a la media europea (47%) y se sitúa cuatro puntos porcentuales por encima del dato obtenida hace un año (45%).
Intrum destaca que la incertidumbre económica está siendo un obstáculo para que las empresas inviertan en tecnología para la gestión financiera. De este modo, el 45% de las compañías españolas mantienen que, aunque son conscientes de que necesitan actualizar sus plataformas tecnológicas para gestionar su deuda con mayor eficacia, la situación de incertidumbre actual hace que sean más reacias a realizar dicha inversión.
Las sociedades de nuestro país están prácticamente a la par en este aspecto con las europeas (45% de media en Europa), pero por debajo de las británicas (54%) o las alemanas (47%), aunque por encima de las de empresas italianas (42%), por ejemplo.
Además, más de la mitad (52%) de los negocios en España consideran que sus rutinas y procesos no son tan sólidos como deberían para garantizar la sostenibilidad financiera de su negocio, a pesar de la incertidumbre económica. El porcentaje es ligeramente superior al de la media europea (50%).
