El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a finales de agosto a SpaceX, la compañía de cohetes y satélites de Elon Musk, por una presunta discriminación contra solicitantes de asilo y refugiados en sus procesos de contratación.
“La demanda alega que, al menos desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, SpaceX disuadió habitualmente a los asilados y refugiados de presentar solicitudes y se negó a contratarlos o considerarlos, debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, detallaba el propio Departamento de Justicia en un comunicado.
“En ofertas de trabajo y declaraciones públicas durante varios años, SpaceX afirmó erróneamente que, según las regulaciones federales conocidas como ‘leyes de control de exportaciones’, SpaceX sólo podía contratar ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, a los que a veces se hace referencia como ‘titulares de tarjetas verdes’”, detalla.
Sin embargo, el departamento advierte que “las leyes de control de exportaciones no imponen tales restricciones a la contratación”. Además, recuerda que “el permiso de los asilados y refugiados para vivir y trabajar en Estados Unidos no vence y están en pie de igualdad con los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales según las leyes de control de exportaciones”.
“Según estas leyes, empresas como SpaceX pueden contratar asilados y refugiados para los mismos puestos que contratarían a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Y una vez contratados, los asilados y refugiados pueden acceder a información y materiales controlados por exportaciones sin necesidad de aprobación gubernamental adicional, al igual que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales”, puntualiza.
“Nuestra investigación encontró que SpaceX no consideró ni contrató de manera justa a los asilados y refugiados debido a su estatus de ciudadanía e impuso lo que equivalía a una prohibición de su contratación independientemente de su calificación, en violación de la ley federal”, exponía Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
“Nuestra investigación también encontró que los reclutadores y funcionarios de alto nivel de SpaceX tomaron acciones que disuadieron activamente a los asilados y refugiados de buscar oportunidades laborales en la empresa”, añadía.
Contundente respuesta de Musk
La respuesta del CEO de SpaceX no se ha hecho esperar. Y ha sido al estilo Elon Musk. Lejos de achantarse, la compañía ha demandado al Departamento de Justicia estadounidense, negando las acusaciones y alegando que el procedimiento contra la empresa es anticonstitucional, según informaba Reuters.
En su demanda, Space X argumenta que los jueces administrativos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se ocupan de los casos relacionados con prejuicios laborales contra inmigrantes no están designados adecuadamente y que mantener el caso fuera de los tribunales priva a la empresa de su derecho constitucional a un juicio con jurado.
La empresa dirigida por Musk señala que los jueces administrativos del Departamento de Justicia son nombrados por el fiscal general de Estados Unidos, pero tienen poderes que deberían reservarse sólo para los funcionarios designados por el presidente.
Además, SpaceX considera que este caso busca sanciones monetarias bajo la ley federal de discriminación laboral, por lo que debería ser escuchado en un tribunal federal.
Por otro lado, la compañía se defiende destacando que ha empleado a cientos de ciudadanos no estadounidenses, pero que algunos de sus proyectos tienen implicaciones para la seguridad nacional y que se podrían enfrentar a fuertes multas en caso de emplear trabajadores extranjeros.
Visitante asiduo de los tribunales
Musk no es ajeno a los banquillos de los juzgados. Por ejemplo, hace apenas unos días que conocimos que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) va a demandar al empresario por negarse a declarar en la investigación sobre la compra de Twitter, tal y como recogía El País.
Asimismo, la pasada primavera contábamos que había llegado a un acuerdo para dar por cerrada una demanda por difamación en un litigio que mantenía con un crítico de Tesla.
Musk también fue denunciado por Twitter el año pasado, cuando el magnate de los negocios parecía resistirse a la compra de la red social tras haber hecho una oferta de 44.000 millones de dólares, como publicaba la BBC.
Y el pasado mes de noviembre visitó los tribunales para defender su remuneración en Tesla: 55.000 millones de dólares. Según explicaba El Economista, el objetivo de su comparecencia era esclarecer si fue la junta de accionistas la que aprobó la compensación de Musk o si fue él mismo quien estableció esta astronómica cifra.
