La morosidad en el pago de facturas supone un enorme problema para miles de empresas y autónomos.
Hace poco nos hacíamos eco de un informe que desvela que las empresas españolas tienen más de 1,3 billones de euros en facturas pendientes de cobro. Y la morosidad en Europa supera los 10,5 billones de euros.
A la vista de estos datos, seguramente tu empresa tenga alguna factura pendiente de cobro. Si es así, ¿has tomado ya cartas en el asunto para iniciar el recobro? En caso de que no lo hayas hecho, has de saber que eso es lo más normal en nuestro país.
Así se desprende del ‘Estudio de la gestión del riesgo de crédito’, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, el cual desvela que sólo el 16% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura.
Y si no reclamamos entonces, ¿cuándo lo hacemos? Es decir, ¿cuándo consideramos en mora una cuenta a crédito y, por tanto, ponemos en marcha la maquinaria para tratar de cobrar las facturas?
Casi un tercio de las empresas (31%) dan un mes de margen. Y más de un tercio (34%) empiezan a moverse cuando se superan los 90 días desde el vencimiento del plazo. Además, cabe señalar que el porcentaje de las compañías que inician el proceso de recobro tres meses después del vencimiento ha crecido 5 puntos porcentuales respecto al año pasado.
La tendencia a dilatar los plazos podría explicarse por el incremento de los problemas de muchas compañías para cumplir con los plazos de pago.
Hace algunas semanas recogíamos los datos del ‘Informe europeo de pagos’ de Intrum, según el cual dos tercios de las empresas españolas (66%) reconocen que cada vez les resulta más difícil pagar a tiempo a sus proveedores.
Además, este porcentaje ha aumentado en 5 p.p. en el último año, ya que en 2022 y 2023 se situaba en el 61%, lo que reflejan un deterioro en la capacidad de las compañías para cumplir con sus obligaciones financieras.
Sin embargo, el retraso medio en los pagos no casa con la demora que denuncian las compañías. Según el ‘Estudio sobre comportamiento de pago de las empresas en Europa’, realizado por Informa D&B, el retraso medio de las compañías españolas a la hora de pagar se situó en el tercer trimestre de 2024 en 15,41 días.
Así pues, las compañías españolas demoran los pagos casi 3,5 días más que las europeas (11,94 días de media). Además, la situación se está deteriorando, puesto que es la cifra más alta desde principios de 2023 y 0,53 días por encima que hace un año.
Y el estudio también confirma, desafortunadamente, que las empresas de los países del Sur de Europa son las menos diligentes a la hora de pagar. De acuerdo con sus datos, las que más se demoran son las portuguesas (23,71 días), las italianas (15,83 días) y las francesas (15,41 días).
¿Por qué no reclamamos las facturas?
Crédito y Caución e Iberinform recuerdan que la Ley 3/2004, por la que se imponen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, reconoce nuestro derecho a reclamar intereses de demora si los clientes retrasan el pago de sus facturas. Sin embargo, en su informe se pone de manifiesto que el porcentaje de empresas que renuncian totalmente a la aplicación de estos intereses se sitúa en el 61%. Apenas el 5% de las empresas ejercen este derecho, aunque también son muy flexibles.
Hay que recordar que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales para el segundo semestre de 2024 se fijó en el 12,25%, como publicaba el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, menos del 1% de las compañías aplica dicho tipo de interés, abriendo mucho la mano con sus deudores.
En concreto, casi la mitad de las empresas (47%) aplica un interés del 3% al 5%, mientras que un 37% lo reduce aún más, reclamando un recargo inferior al 3%. Y otro 16% se mueve en una horquilla entre el 5% y y el 12,25% del tipo legal de mora.
Los motivos por los que las compañías son tan flexibles tanto en los plazos como en la aplicación del interés de demora pueden ser varios. Pero la justificación de este comportamiento en la mayor parte de los casos se explica por el miedo a perder un cliente si se aprieta demasiado.
De este modo, con el fin de preservar sus relaciones comerciales, muchas empresas prefieren rebajar sus exigencias, sobre todo en el caso de pymes y autónomos que cuentan con menos recursos para llevar a cabo procesos de recobro.
De hecho, más de la mitad (52%) de las empresas españolas reconocen que no tienen conocimiento ni recursos suficientes para mejorar la gestión de los pagos atrasados, como contábamos en este artículo.
Y esta flexibilidad alcanza su grado máximo si la empresa percibe que ejercer sus derechos puede dar lugar a un impago o, incluso aún peor, conducir a un largo y costoso litigio.
