Los pagos móviles mediante Bizum se han convertido en una realidad cotidiana para la inmensa mayoría de los españoles. Tal es la generalización de este medio de pago que incluso se ha acuñado la expresión ‘hazme un bizum’ o ‘te hago un bizum’ para referirnos a la transferencia inmediata de dinero a través del móvil.
El éxito de Bizum en nuestro país se explica porque se ha convertido en el estándar para todo el sector bancario español, ya que este sistema está integrado en la mayoría de las aplicaciones de las entidades. En total, hay 38 bancos adheridos a Bizum, según los datos facilitados por la propia empresa.
Y el número de usuarios no para de crecer. A finales de 2024 ya había 28,2 millones de personas que usaban este sistema, superándose los 1.093 millones de bizums en pagos a amistades o familiares, compras en comercio electrónico, donaciones o cobros y pagos en Loterías y Apuestas del Estado en 2024. El volumen asociado a estas operaciones superó los 44.206 millones de euros.
Hacienda seguirá el rastro de los bizum
Estos números no dejan indiferente a Hacienda, que siempre está ojo avizor para fiscalizar toda actividad económica susceptible de estar sometida al pago de impuestos.
Por ejemplo, el año pasado informábamos de que Wallapop y otras plataformas de compraventa iban a tener que informar a la Agencia Tributaria sobre los usuarios que sobrepasasen cierto volumen de ventas.
Ahora, Hacienda ha puesto el foco en los pagos por Bizum recibidos por empresarios y autónomos y ya está trabajando en un real decreto que se publicará próximamente y que vendrá a fiscalizar los pagos móviles a través de este sistema.
“Hasta la fecha, las entidades bancarias estaban obligadas a informar anualmente a Hacienda sobre los cobros que recibían los empresarios y autónomos mediante tarjetas de débito o de crédito, siempre que superasen los 3.000 euros. Cuando el real decreto entre en vigor, los bancos deberán informar a Hacienda sobre los ingresos que empresarios y autónomos reciban mediante pagos móviles como Bizum”, explica en este artículo Benjamí Anglès, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en derecho financiero y tributario.
Con los cambios que se espera que traiga la nueva regulación, se eliminará el anterior límite de 3.000 euros y se incluirán los ingresos recibidos a través de Bizum u otros sistemas de pagos electrónicos, independientemente del domicilio del pagador y del de la entidad financiera que gestione el pago.
“A partir de ahora, los bancos y demás entidades gestoras deberán presentar declaraciones mensuales para informar sobre los importes y las cuentas destinatarias de tales ingresos, de modo que la Agencia Tributaria conocerá los datos y las cantidades recibidas por los sujetos que utilizan este tipo de plataformas para facturar sus actividades y servicios”, aclara Anglès.
A priori, este cambio legal no afectará a los usuarios particulares que utilizan Bizum u otros medios móviles para realizar envíos de dinero si éstos se realizan entre familiares o amigos y no superen los 10.000 euros anuales.
Sin embargo, el experto de la UOC pone el acento en un aspecto relevante. «El hecho de que Hacienda pueda llegar a saber de su existencia y disponer de los datos de los destinatarios de los pagos, haría públicos, a los ojos de Hacienda, unos actos que hasta ahora podían percibirse como exclusivamente privados», apunta.
“Cuando se efectúe un pago a un empresario o autónomo mediante un sistema móvil a cambio de una actividad o servicio, ambas partes tendrán que ser conscientes de que dicha operación podrá ser conocida por la Agencia Tributaria”, advierte el profesor.
A partir de esta información, las autoridades tributarias podrán hacer las comprobaciones e inspecciones que consideren oportunas para determinar su correcta tributación.
De entrada, dichas comprobaciones e inspecciones recaerán sobre los sujetos pasivos obligados a declarar y tributar por tales ingresos. Sin embargo, Anglès recalca que no podemos descartar que también se puedan enviar requerimientos de información a los pagadores para que expliquen y confirmen el motivo y el contenido de las operaciones, puesto que la tecnología permite identificar el origen de los pagos.
