La noticia del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para eximir de tributar en la declaración de la renta a aquellos que cobrasen el salario mínimo interprofesional llegó recientemente a todas las oficinas y redacción de medios de comunicación.
El acuerdo parece un triunfo sin precedentes de los derechos de los trabajadores, pero la alegría se suma a la incertidumbre. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto tiempo estará vigente? ¿Cómo va a afectar a los empleados? ¿Y a los empleadores?
Con la campaña de la declaración de la renta recién estrenada, el acuerdo promete incorporar una deducción en la cuota del IRPF que permita que los asalariados con ingresos iguales o inferiores al SMI queden exentos de tributar durante este año.
Sin embargo, esta medida únicamente está prevista para 2025. Es decir, su aplicación queda limitada a este ejercicio fiscal, y cualquier decisión sobre su continuidad en 2026 deberá ser objeto de nueva negociación.
A día de hoy, los trabajadores cuentan con una exención en la retención del IRPF para rentas anuales de hasta 15.000 euros. Este umbral ha sido revisado al alza en 2025, elevándose a 15.875 euros, en línea con el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según cifras del Ministerio de Trabajo, el SMI se situará este año en 1.145 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento del 3% respecto a los 1.134 euros fijados en 2024. Además, este límite de exención puede ampliarse en función de la situación personal y familiar del contribuyente.
Por ejemplo, en el caso de un trabajador con al menos dos hijos y un cónyuge con ingresos inferiores a 1.500 euros anuales, el umbral puede alcanzar los 19.262 euros, ligeramente por encima del anterior máximo de 19.241 euros.
Para empresarios y emprendedores, esta medida supone un giro en la relación entre fiscalidad y empleo, que no pasa desapercibido. La exención del IRPF para quienes perciben el SMI –aunque limitada a 2025– introduce un incentivo indirecto a la contratación de jóvenes y perfiles junior, que son los principales beneficiarios.
Desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, esto alivia ligeramente la carga fiscal de los trabajadores con salarios más bajos, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción y retención del talento en sectores tradicionalmente marcados por la rotación.
Aunque no implica un ahorro directo para las empresas, sí puede mejorar el clima laboral y facilitar la atracción de nuevos perfiles, especialmente en PYMES y startups que compiten por talento sin poder ofrecer grandes sueldos.
Desde la experiencia de Payfit, vemos este acuerdo desde la perspectiva de una innovación fiscal que, aunque acotada en el tiempo, pone sobre la mesa una reflexión más amplia: adaptar el marco tributario a las nuevas dinámicas del mercado laboral y a la diversidad de situaciones personales y familiares que hoy definen el ecosistema profesional.
En la práctica, este acuerdo entre PSOE y Sumar beneficiará principalmente a un perfil muy concreto: jóvenes trabajadores. De los casi 2,5 millones de personas que perciben el SMI en España, solo una parte minoritaria –alrededor de medio millón– se veía obligada a tributar. En su mayoría, se trata de jóvenes solteros, sin hijos ni cargas familiares, precisamente el colectivo más expuesto a la precariedad laboral y con menos colchón económico.
En Payfit consideramos que medidas como esta apuntan en la dirección correcta si realmente queremos avanzar hacia una fiscalidad más justa y adaptada a la realidad del mercado laboral.
