6 regulaciones financieras que traerá el nuevo Parlamento Europeo

Hace mucho tiempo que las regulaciones que llegan desde las instituciones europeas son las que definen la legislación propia de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea.

Por eso, aunque la mayoría de los ciudadanos europeos no suelen dar la misma importancia a las elecciones al Parlamento Europeo que a los de sus propios países, lo cierto es que la configuración de la cámara de representantes comunitaria es fundamental.

El Parlamento Europeo, junto con la Comisión Europea y el Consejo de la UE, comparten la función legislativa, por lo que las nuevas regulaciones comunitarias han de pasar por los tres organismos, pudiendo ser sometidas a múltiples enmiendas y hasta tres lecturas.

Es una tarea lenta, que puede llevar varios años, donde el Parlamento juega un papel decisivo a la hora de aprobar, rechazar o proponer enmiendas a cada una de las propuestas que pasan por la cámara.

Además, los parlamentarios europeos influyen decisivamente en la agenda que establecen el resto de instituciones comunitarias.

Nuevas regulaciones financieras

Hay varias regulaciones que afectan al desarrollo de la industria financiera que deberán ser abordadas durante la nueva legislatura del Parlamento Europeo, ya sean para su aplicación directa o para su trasposición al ordenamiento jurídico nacional.

Éstas son las más relevantes, según indica la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).

1. PSD3 y PSR

“La Comisión Europea está revisando el marco actual y trabajando en la propuesta de cambios para la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD3) y el Reglamento sobre servicios de pago (PSR)”, especifica AEFI.

La asociación considera que la aprobación de estas regulaciones ofrece “un nuevo horizonte para la seguridad y competitividad en los servicios de pago de la UE”.

“El nuevo paquete introduce cambios significativos en el sector de pagos de la UE, con el objetivo de reforzar la seguridad en las transacciones y mejorar la protección de los usuarios y la armonización de los criterios de autorización para los proveedores de servicios de pagos”, apunta.

“También se busca aumentar la competencia en los servicios Open Banking y facilitar el acceso de los proveedores no bancarios a los sistemas de pago para crear un mercado más seguro y competitivo, garantizando una mayor transparencia y confianza para los consumidores”, añade.

Además, el paquete incluye nuevas regulaciones para progresar en la lucha contra el fraude y establecer normas más claras para la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en caso de transacciones no autorizadas.

AEFI reseña que el Parlamento Europeo ya disuelto terminó de fijar su posición y dar luz verde a la negociación en trílogos —proceso de diálogo tripartito entre Parlamente Europeo, Comisión Europea y Consejo de la UE—, pero el Consejo de la UE sigue negociando su posición.

“Una vez aprobado el paquete, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE) y entrada en vigor, en principio el PSR comenzará a aplicar tras 18 meses y los estados miembros tendrán el mismo plazo para transponer PSD3”, puntualiza.

2. Euro digital

Hace más de 3 años que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a dar los pasos oportunos para la implantación del euro digital, a la par que las anteriores regulaciones sobre servicios de pago, pero este reglamento todavía está en desarrollo.

“La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) llevan desde 2021 trabajando en el diseño y viabilidad del euro digital, pero ahora es el turno de los colegisladores. Los próximos pasos son la adopción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de una posición preliminar de cara a su negociación en trílogos y, por el momento, no hay un consenso que permita avanzar en la tramitación”, anota AEFI.

“Tras la definición de las características principales de un potencial euro digital, será el BCE el que lidere la tarea de la definición de los aspectos más técnicos sobre su desarrollo. El conjunto del proceso puede alargarse varios años”, agrega.

La asociación hace hincapié en que “la introducción del euro digital para uso minorista podría conllevar cambios de calado en el funcionamiento del sistema financiero, concretamente en las infraestructuras y el sistema de pagos”.

Al hilo de ello, en EMPRENDEDORES ya hemos hablado en alguna ocasión acerca de las reticencias que muestra el comercio minorista acerca de la implantación del euro digital, debido al coste que conlleva crear una nueva infraestructura para acepta este medio de pago.

3. Reglamento MiCA

La entrada en vigor de esta normativa incorpora nuevos requisitos para proveedores de servicios de Criptoactivos en la UE. “Su objetivo es proporcionar un marco regulatorio armonizado y seguro para fomentar la innovación y proteger a los usuarios en el espacio de los criptoactivos en la UE”, precisa la AEFI.

“A partir del 30 de diciembre de 2024, comienza a aplicar el Reglamento MiCA, aunque en España habrá un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2025 para los nuevos proveedores de servicios en el mercado de criptoactivos (CASP), que deberán obtener autorización por parte de la autoridad nacional competente (CNMV, en el caso de España) y ser registrados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para operar, beneficiándose del pasaporte europeo”, desgrana.

La UE está terminando el desarrollo reglamentario del Nivel II, por lo que la recta final corresponderá a la nueva legislatura del Parlamento Europeo.

4. Reglamento DORA

El reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act), también denominado Ley de Resiliencia Operativa Digital, fue adoptado por la Unión Europea en diciembre de 2022, con el objetivo de asegurar que las instituciones financieras en la UE puedan resistir, reaccionar y recuperarse ante amenazas operativas digitales.

“Este reglamento aborda la seguridad digital en un contexto cada vez más tecnológico, donde los ciberataques y las fallas tecnológicas representan riesgos significativos.

DORA se extiende a una variedad de entidades financieras en la Unión Europea, abarcando bancos comerciales y de inversión, compañías aseguradoras, empresas de inversión, gestores de fondos, proveedores de servicios de pago, sociedades de valores…”, pormenoriza la asociación.

Los proveedores de servicios externos contratados por entidades financieras también habrán de cumplir con el reglamento. Esto incluye servicios en la nube, centros de datos, procesadores de pagos como PayPal, empresas que ofrecen servicios de análisis de datos, plataformas de software y gestión o proveedores de servicios de ciberseguridad, entre otros.

“Este reglamento fue publicado el 16 de enero de 2023 y a partir del 17 de enero de 2025 será aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Al igual que el Reglamento MiCA, actualmente se encuentra culminando el desarrollo de su Nivel II”, detalla la AEFI.

5. RIS

El Retail Investment Strategy (RIS), o Estrategia de Inversión Minorista, es un paquete de medidas dirigido a fomentar la protección del inversor minorista.

Fue adoptado por la Comisión Europea en mayo de 2023 y recibió luz verde por parte del Parlamento Europeo en el último pleno de la pasada legislatura, dando paso a la negociación en trílogos.

Sin embargo, el proceso ha quedado en suspenso por las elecciones y por los cambios en la composición de la cámara, que obligan a retomar parte de las conversaciones, puesto que no se ha alcanzado un consenso político ni en la propia industria.

Además, la AEFI reseña que aún está por definir el posicionamiento del Consejo de la UE y la negociación en trílogos, por lo que es previsible un retraso en la puesta en marcha de esta regulación.

“Cabe recordar que, una vez entre en vigor la RIS, en principio hay previstos 18 meses para su aplicación, siendo necesaria la transposición de la Directiva a las diferentes regulaciones nacionales de los Estados miembros en los primeros 12 meses”, apunta la asociación.

6. SFDR

La última de las grandes regulaciones financieras que tiene pendiente el nuevo Parlamento Europeo es el Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés).

“Esta normativa, que afecta a todas las entidades financieras que comercializan productos de inversión en cualquier país de la zona euro, tiene el objetivo de que las entidades cataloguen sus productos financieros de inversión, como los fondos, dentro del nivel de sostenibilidad que corresponda en base a los criterios establecidos. Es decir, hacer más comprensible el perfil de sostenibilidad a través de normas específicas que establecen qué y cómo se debe comunicar en este sentido”, especifica la AEFI.

“En diciembre de 2023, la Comisión sometió a consulta la Directiva SFDR, barajando dos diferentes alternativas. Por un lado, la liberación de la clasificación de fondos para las gestoras, por lo que la Comisión se alejaría del marco actual y la inversión sostenible versaría en la justificación de estrategias de inversión y la búsqueda de la transformación sostenible financiera de las empresas. Por otra parte, se optaría por el mantenimiento de las clasificaciones actuales, con un abundamiento de criterios de mínimos para delimitar las tipologías de fondos”, matiza.

“A la espera de la reforma de esta regulación, la proposición de nuevas categorías impacta de manera directa en el diseño de los productos financieros”, recalca.